La Relatora Especial de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, afirmó este viernes que las sanciones aplicadas por EE.UU. contra Venezuela han causado «un efecto devastador» y «catastrófico» sobre la vida de los venezolanos, por lo que exhortó a Washington a «reconsiderar y levantar» estas medidas.»Las consideraciones humanitarias deben prevalecer sobre las políticas y las medidas unilaterales solo deben imponerse tomando en cuenta el Estado de Derecho, la Ley de Derechos humanos, la Ley del Refugiado, y la Ley Humanitaria», precisó Douhan.Para la especialista, el Estado de Emergencia Nacional anunciado por EE.UU. el 8 de marzo del 2015, como razón para iniciar las sanciones contra Venezuela, «no se corresponde» con la realidad del país ni con los acuerdos internacionales existentes. Además, la relatora recordó que EE.UU. debería realizar evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario generado por sus medidas unilaterales. «No hay buena intención alguna que justifique la violación de DD.HH. como daño colateral», sostuvo.Efectos de las sancionesPara Douhan, el endurecimiento de las medidas coercitivas socava la capacidad del Estado para implementar proyectos sociales y disminuye el potencial impacto de cualquier reforma económica que el gobierno desee emprender.En un recuento del historial de sanciones, la funcionaria destacó que desde 2019, tras el reconocimiento de EE.UU. al exdiputado opositor Juan Guaidó como «presidente interino» del país suramericano, Washington emprendió una arremetida de sanciones que afectó a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el Banco Central, lo que se tradujo en «un embargo económico total».»Se le dio a Guaidó control sobre los activos y bienes del gobierno venezolano en PDVSA, incluyendo a Citgo. Entre 2018 y 2019, [las sanciones] se dirigieron al oro, al aspecto minero, el sector alimentario, criptomonedas, y bancario», relató Douhan.

Esta situación, continuó la especialista, «exacerbo las calamidades económicas y humanitarias existentes, al impedir la generación de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener infraestructura y programas sociales». Asimismo, explicó que las transferencias bancarias de Venezuela son «cada vez más» rechazadas, dilatadas o realizadas bajo costos muy superiores. Por ese motivo, Douhan ve con «preocupación» que las reticencias de bancos, empresas y firmas de suministros imposibilite la compra de insumos médicos, alimentos o bienes de primera necesidad, lo que está «socavando el disfrute de los DD.HH.», incluyendo «el derecho a una vida decente».Principales perjudicadosDe acuerdo con Douhan, las sanciones han tenido «un efecto devastador» sobre toda la población venezolana, especialmente «los sectores de extrema pobreza, mujeres, niños, trabajadores de la salud, discapacitados, pacientes con enfermedades crónicas y la población indígena».De igual forma, observó el crecimiento de la mortalidad materna y neonatal, así como los embarazos adolescentes, «en medio de la falta de acceso a la información y sin uso de anticonceptivos, lo que llevó también al aumento del VIH-SIDA».La relatora también reconoció que el gobierno venezolano, ante la falta de recursos, se ha visto obligado a disminuir el apoyo que se le brindaba a la educación escolar y universitaria, a través de uniformes, útiles, y comidas. 

En esa misma línea, lamentó que «un incidente técnico» dejara fuera de servicio el satélite nacional, «disminuyendo de manera significativa la cobertura de internet en el país y haciendo casi imposible el aprendizaje a distancia durante esta pandemia».Sobre el caso específico de los servicios, detalló que la imposibilidad del Estado para adquirir repuestos y equipos nuevos, ha provocado que el venezolano tenga menos acceso a la electricidad, lo que impide el funcionamiento de bombas de agua. «Es la violación del derecho al agua, lo que a su vez lleva a enfermedades», indicó.En vista de este panorama, relató la experta, el gobierno venezolano estableció una fuerte colaboración con el PNUD, UNICEF, ONU-SIDA, OPS, ONG, la iglesia y el sector privado, «facilitando la ligera reconstrucción» del sistema de agua, medicinas, escolares y alimentos.Sin embargo, Douhan precisó que los intentos por liberar los recursos venezolanos retenidos en el exterior para comprar equipos, medicinas y vacunas, a través de PNUD y la OPS, han sido infructuosos. «Se han reportados casos de vigilancia y persecucióndel personal de las ONG y humanitarias que intentan ayudar», lamentó.Asimismo, la relatadora puntualizó que «a pesar de las revisiones y aumentos periódicos del salario», el pago promedio del sector público es de 2 a 3 dólares, un monto que «alcanza para menos del 1% de la canasta alimentaria, lo que incrementa el índice de migración, facilita la economía gris y afecta a los más preparados profesionales».RecomendacionesLa relatora le pidió al gobierno venezolano «fortalecer la presencia del Sistema de Naciones Unidas en el terreno» y «negociar un acuerdo para garantizar la distribución transparente, justa, y no discriminatoria de la ayuda internacional».Asimismo, clamó por «una ley clara y no discriminatoria que permita y facilite el trabajo humanitario de las ONG’s nacionales e internacionales en Venezuela y garantizar la integridad de su personal», al tiempo que recordó que las ONG que están obligadas a «hacer actividades únicamente humanitarias». Douhan, quien estuvo en Venezuela desde el pasado 30 de enero, aclaró que el informe final de su visita se presentará en septiembre del 2021 ante el Consejo de los DD.HH. de la ONU.