Gustavo Arribas, sonriente al abandonar Tribunales.
La definición sobre el destino final de la investigación por espionaje ilegal desde la AFI en el macrismo quedó para febrero, tras un fin de año en el que la defensa del acusado extitular del organismo, Gustavo Arribas, buscó acelerar una respuesta por parte de la Cámara Federal de Casación.En el intento por lograr el pase de la causa central por asociación ilícita y espionaje ilegal que tramita el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé a los tribunales de Comodoro Py 2002, los abogados de Arribas presentaron una batería de recursos ante el máximo tribunal federal del país, a contrarreloj con el inicio de la feria judicial de enero.El miércoles último y en uno de los últimos fallos del 2020, la sala I de Casación, con la firma de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, hizo lugar a un planteo de «pronto despacho» de los abogados del exfuncionario, Andrés Coronato y Alejandro Pérez Chada.Los jueces resolvieron enviar los incidentes que tenían de la causa a sus colegas de la sala IV de ese Tribunal, porque entendieron que allí ya se tomaron decisiones en otro planteo conexo hecho por el exsecretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto.Sin embargo, los camaristas no accedieron a un pedido de Arribas para habilitar la feria judicial de enero y seguir con el trámite que busca que la investigación pase de Lomas de Zamora al fuero federal porteño.Con esta decisión, quedó para febrero la potestad de la sala IV de Casación de aceptar o no esta inhibitoria y en caso positivo, resolver finalmente si la causa por espionaje ilegal que tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora se queda allí o pasa al de María Eugenia Capuchetti, en Comodoro Py.Esto último pretende Arribas, imputado e indagado junto a su exsegunda en la AFI Silvia Majdalani y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia.Ambos ya están con procesamiento confirmado en lo relativo al espionaje ilegal a la expresidenta Cristina Kirchner, querellante en el caso, y al Instituto Patria.Además, el juez Auge los indagó y debe resolver sus situaciones procesales en la parte que investiga el espionaje ilegal a dirigentes políticos, funcionarios, referentes sociales, empresarios y periodistas, entre otras víctimas.Tanto Arribas como Majdalani se negaron siempre a responder preguntas en sus indagatorias por considerar que Auge no es el juez natural del caso, que debe tramitar en Comodoro Py porque las sedes de los organismos investigados se encuentran en la ciudad de Buenos Aires.Al rechazar estos planteos, el juez de Lomas de Zamora evaluó que los delitos fueron múltiples y abarcaron diferentes jurisdicciones, en fallos en los que rechazó declinar su competencia y que fueron ratificados por la Cámara Federal de La Plata.Por su parte y al hacer lugar a planteos de Nieto y Arribas, la Cámara Federal porteña dictaminó el pase a Comodoro Py.Ante el conflicto entre dos tribunales de similar jerarquía, resolverá el superior de ambos, Casación.El 23 de diciembre, en la víspera navideña, el extitular de la AFI en el gobierno de Mauricio Macri concretó una presentación a través del Sistema de Gestión Judicial (LEX100) habilitado para el trabajo remoto en pandemia, en la que pidió resolver en «forma colegiada» si se mantenía o no la competencia de la Sala I de Casación para intervenir en la causa.Esta competencia había sido reclamada a sus colegas de la sala IV por la tercera integrante y presidenta en 2020 de la sala I, Ana María Figueroa, en un pedido de inhibitoria que no tuvo éxito.Después de Navidad, el 28 de diciembre, hubo otra presentación de Arribas en la que se volvió a recusar y pedir apartar a Figueroa en la causa por «temor de parcialidad».Dos días después, el 30, la magistrada rechazó por segunda vez dejar el caso y entonces, ante un nuevo planteo de «pronto despacho» de Arribas para que se resuelva la cuestión de la competencia, sus colegas Petrone y Barroetaveña decidieron enviar todo a la sala IV.Ante ello, declararon «inoficioso» abocarse al tratamiento del pedido para apartar a su colega de sala.La decisión sobre qué sala de Casación debe intervenir «no admite más demora», justificaron y recordaron que el fiscal ante el máximo tribunal federal del país Raúl Plée dictaminó a favor de enviar todo a la Sala IV de Casación «por registrarse allí un trámite procesal más avanzado».Plée actúa como fiscal ante las dos salas del máximo tribunal penal federal del país.»No debe perderse de vista que lo que se está decidiendo es la competencia entre salas de este mismo cuerpo, cuestión previa a adoptar cualquier decisión de fondo sobre los planteos de las partes», advirtieron Petrone y Barroetaveña en el fallo al que tuvo acceso Télam.En esta contienda, la «Sala IV se considera competente y la otra, la Sala I, por el voto de la mayoría de sus miembros, entiende que le asiste razón», concluyeron.El 20 de noviembre pasado, los camaristas Javier Carbajo y Mariano Borinsky, con disidencia de Gustavo Hornos, resolvieron que la parte del caso vinculada al espionaje ilegal a detenidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal tramite en Comodoro Py,Los jueces de la sala IV hicieron lugar a un planteo de Nieto al que adhirieron como querellantes en su rol de víctimas del espionaje el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora María Eugenia Vidal, entre otros.Desde febrero, la decisión sobre el futuro de la causa por espionaje ilegal a referentes sociales, funcionarios, políticos, periodistas, entre otras víctimas, quedará en manos de Borinsky, Carbajo y otra jueza, Angela Ledesma, porque Hornos asumirá como presidente de Casación.Paralelamente y también al inicio de la feria judicial de enero, el tribunal de apelaciones intermedio de Comodoro Py, la Cámara Federal porteña, accedió a un planteo de Arribas y ordenó al juez Ariel Lijo pedir a su colega de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que le envíe otra causa por espionaje ilegal.Se trata de la que investiga el funcionamiento de bases de la AFI en la provincia de Buenos Aires desde donde se hicieron tareas de inteligencia prohibidas a referentes y organizaciones sociales y políticas.En esta pesquisa también están acusados Arribas y Majdalani.